La Corte Suprema confirmó el fallo que obliga al Estado a pagar una indemnización de perjuicios total de $1.240.000.000 a 31 de los 33 mineros que permanecieron atrapados por el derrumbe de la mina San José en el año 2010.
La Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus– confirmó la sentencia pronunciada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que estableció la falta de servicio de la demandada, por haber incumplido tanto el Servicio Nacional de Geología y Minera (Sernageomin) como la Dirección del Trabajo (DT) el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena de propiedad de la compañía minera San Esteban Primera.
El fallo plantea que “esta Corte Suprema estima necesario precisar, a mayor abundamiento, que la actividad minera, de manera especial, está sujeta a un régimen de autorizaciones administrativas encomendadas al Servicio Nacional de Geología y Minería”.
La indemnización será entregada por concepto de daño moral, a 31 de los 33 mineros afectados, debido a que dos de ellos no fueron parte de la demanda.
